Uruguay implementó un ambicioso programa de inclusión financiera que incluyó un estímulo fiscal a través de devoluciones de IVA y subsidios para la adopción de puntos de venta (POS). Una de sus principales disposiciones prohibió el pago de salarios y beneficios sociales en efectivo y obligó a las instituciones financieras a abrir cuentas de salarios con condiciones extremadamente beneficiosas. En conjunto, el número de transacciones con tarjetas de débito aumento considerablemente. Probamos el canal asalariado del programa financiero explotando las diferencias en la intensidad del trato entre los trabajadores del sector público y del sector privado. Encontramos que mientras la provisión de cuentas bancarias aumentó el número de tarjetas de débito, tuvo efectos modestos en la probabilidad de pago con tarjetas, que en su mayoría se producen por un uso más intensivo de las tarjetas de débito por quienes ya las tenían antes de la entrada en vigor de la Ley de Inclusión Financiera. Así, los efectos agregados deben ser producidos por el canal fiscal del programa de inclusión financiera. Finalmente, no logramos encontrar efectos sobre el acceso al crédito a corto plazo ni sobre el gasto o el ahorro. [Resumen de los autores]