En el último tramo de nuestro estudio del derecho contractual se nos planteó el desafío de analizar la contratación pública, entendida como contratación entre sujetos privados y entes estatales. En el abordaje y la discusión del tema surgió como problema hasta qué punto está justificada la diferencia entre contratación privada y contratación pública que plantea la doctrina administrativa. Esa diferencia va desde la rotunda negativa de la doctrina alemana a aceptar que las instituciones que ejercen poder estatal pudieran obligarse ante los particulares por un vínculo contractual -lo que lleva a crear la figura del Fisco- hasta la creación por la doctrina francesa de inicios del siglo pasado, de la categoría jurídica especial de los “contratos administrativos” . Sin embargo, en la doctrina administrativa comparada y nacional se observa un proceso de discusión interna y progresiva aproximación hacia una teoría general de los contratos aunque persiste la resistencia a identificar esa teoría general con la concepción clásica del contrato construida por la doctrina privatista sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, mantenida sin fisuras hasta las últimas décadas del siglo pasado.