La biodiversidad constituye la base del bienestar humano y de la sostenibilidad económica, proporcionando servicios ecosistémicos esenciales como la fertilidad del suelo, la regulación hídrica y climática, la polinización y el control biológico de plagas. En Uruguay, como en muchos países, diversos incentivos económicos aplicados al sector agroproductivo han sido diseñados con criterios principalmente productivos y carecen de salvaguardas ambientales, lo que genera riesgos de impactos negativos sobre los ecosistemas y una desalineación con los compromisos internacionales en materia de conservación. El trabajo analiza estos incentivos a partir de una revisión conceptual y documental, incorporando marcos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal —en particular su Meta 18— y la metodología BIOFIN, que orienta la identificación, evaluación y reformulación de instrumentos económicos. Los resultados muestran vacíos en la integración de criterios ambientales en el diseño fiscal y financiero, así como riesgos asociados al fomento de prácticas que pueden ejercer presión sobre ecosistemas sensibles. En respuesta, el trabajo plantea un conjunto de lineamientos para el rediseño progresivo de los incentivos más críticos, que incluyen la revisión de exoneraciones fiscales, la incorporación de criterios ambientales en la arquitectura de los instrumentos, y la creación de mecanismos transicionales que faciliten la adopción de prácticas sostenibles, fortalezcan la inclusión social y financiera, y aseguren la alineación del país con los compromisos internacionales en biodiversidad