Este trabajo analiza la necesidad de construir una política de extensión para la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (DGETP-UTU) tomando como referencia experiencias latinoamericanas recientes en Chile, Brasil, México y Colombia. La extensión se concibe como una función sustantiva capaz de generar valor público territorial, integrando docencia, investigación aplicada e innovación en diálogo con las demandas sociales y productivas. Esta conceptualización se construye en torno al eje desarrollo territorial desde el enfoque de la economía y la gestión para la inclusión. La metodología consistió en una revisión y sistematización bibliográfica y documental de los últimos quince años, que incluyó leyes, manuales normativos, políticas institucionales y literatura académica especializada. Las fuentes principales son los documentos normativos y de política institucional de extensión en la educación técnica, tecnológica y profesional; y en segundo lugar por los escases, la producción académica en contexto universitario principalmente. Se identificaron patrones comunes y tensiones, como la dicotomía entre empleabilidad y desarrollo territorial, y la necesidad de pasar de la actividad a la demostración de impactos. Los hallazgos muestran que los modelos más sólidos se caracterizan por la institucionalización normativa, la existencia de financiamiento estable, la estandarización con flexibilidad territorial, la articulación entre docencia, investigación y extensión, y la evaluación por efectos. Sin embargo, persisten vacíos como la escasa producción académica específica sobre la extensión en educación técnica y la débil capacidad de demostrar impactos sociales y territoriales sostenibles. Las conclusiones proponen una agenda para la DGETP que incluye regular la extensión como función integrada; crear un Fondo de Extensión e Innovación Innovación Aplicada; implementar sistemas de evaluación por efectos; garantizar la participación y el co-diseño con actores territoriales; consolidar la facilitación de la extensión para consolidad como extensionistas a los docentes y estudiantes; y asegurar la circulación de aprendizajes hacia la docencia y la investigación. El trabajo sostiene que una política de extensión bien definida permitirá a la UTU consolidarse como institución pública de referencia en el desarrollo territorial con equidad e inclusión, democratizando el acceso al conocimiento y generando valor público sostenible