Durante 2016 se llevó a cabo en Uruguay un proceso de discusión sobre el primer Plan Nacional de Aguas (PNA). Su versión preliminar se sometió a revisión y discusión en los ámbitos formales de gobernanza del agua, así como a través de un mecanismo deliberativo para público general (adaptación de las conferencias de consenso) llamado Deliberación Ciudadana sobre el Agua (Deci Agua), organizado por un equipo de la Universidad de la República, en coordinación con la Dirección Nacional de Aguas. En este artículo se describe y analiza el proceso de Deci Agua, incluyendo sus aportes al PNA (aprobado por decreto en 2017) y se discuten los avances en la implementación del PNA entre 2017 y 2020, así como sus principales desafíos. A partir del Informe del Panel ciudadano de Deci Agua el PNA incorporó la perspectiva ética en la gestión del agua. La implementación del PNA puede verse dificultada por la escasa coordinación entre instituciones gubernamentales (ambientales y agropecuarias), por cambios estructurales originados con el nuevo gobierno, y por su limitada aceptación desde sectores de la sociedad civil.

During 2016, a discussion process took part on the first National Water Plan (PNA, by its initials in Spanish) carried out in Uruguay. It derived on a preliminary version for review and discussion in the formal spaces of water governance, as well as through a deliberative mechanism for the general public (adaptation of the consensus conferences) called Citizen Deliberation on Water or Deci Agua, organized by a team from the Universidad de la República, in coordination with the Dirección Nacional de Aguas. We describe and analyze the Deci Agua process, including its contributions to the PNA (approved by decree in 2017). Also, we discuss the progress in the implementation of the PNA between 2017 and 2020 and its main challenges. From the citizen panel's report of Deci Agua, the PNA incorporated the ethical perspective in water management. The implementation of the PNA may be hampered by poor coordination between government institutions (environmental and agricultural), by structural changes originated with the new government, and by its limited acceptance from sectors of civil society.