La nueva Ley de Educación erige un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) como persona de derecho público no estatal (máxima autonomía técnica y política frente a otros organismos que deberá publicar cada dos años un Informe sobre la Calidad y la Equidad en la Educación Básica y Media fundado como mínimo en evaluaciones externas y estandarizadas de aprendizaje diseñadas según prácticas estándar a nivel internacional. Su diseño constituye una transformación estructural fundamental en el sistema educativo uruguayo en la medida en que introduce instituciones de control de última generación sobre el desempeño de las administraciones y sobre los logros de sus políticas. Sin embargo, es necesario examinar más detenidamente si las disposiciones incluidas en la Ley entregan instrumentos para zanjar algunos de los problemas han caracterizado la existencia de las evaluaciones de aprendizajes en Uruguay. Esta ponencia se divide en tres partes. La primera identifica cinco problemas que a mi juicio caracterizan la breve pero rica historia de la evaluación en Uruguay. La segunda parte, se analiza la solución jurídica planteada para el INEE en la Ley y se la compara con otras soluciones establecidas (México, España, Colombia, Chile, Brasil). La tercera y última, resume argumentos desarrollados y plantea algunas líneas de acción que debieran seguirse en el período que va desde la aprobación de la Ley hasta el comienzo de actividades del nuevo Instituto. Esta ponencia tiene pretensiones de ensayo, no de reporte de investigación. Mis reflexiones se basan en mi experiencia como investigador en la Unidad de Evaluación de Primaria (1997 a 2000), como consultor en el INEE de México (2002-2004), como coordinador de PISA y actualmente como miembro del Grupo de Consulta para la instalación del INEE.