Ante la situación de emergencia global por el COVID 19 y precarización en todas las dimensiones de la vida, que potencia la restricción al ejercicio de derechos y la desigualdad estructural de amplios sectores de la población, se analiza el impacto diferencial que tienen las políticas de austeridad en la primera infancia, sector que históricamente ha sido invisibilizado en la agenda política y social de México, aunque es el rango etario en el que más impacta la pobreza y carencias sociales como el del acceso a la seguridad social. El análisis se sustenta en la documentación de estudios, evaluaciones oficiales y estudios prospectivos tanto nacionales como internacionales en el último quinquenio para tener un periodo que pueda trazar los cambios en los índices de bienestar y derechos de los más pequeños, en correlación con los cambios y disminuciones presupuestales, como también para documentar el desmantelamiento y precarización institucional de estrategias de atención integral, aunque condicionadas con una muy limitada cobertura. Estos datos se contrastan con el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos de acuerdo y los avances formales en la constitución y estructuración de un Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, así como de los compromisos contraídos con la firma de diversas Convenciones Internacionales que obligan al Estado a ser garante pleno de dichos derechos y a mostrar los avances mediante un próximo informe al Comité de Derechos del Niño de la ONU a fines del 2021.