El campo de la salud mental se compone por diversos atravesamientos políticos, ideológicos, culturales, sociales, disciplinares, que se materializ an en discursos y prácticas vertebradoras de un qué pensar y qué hacer específicos. Actualmente podemos observar la materialización de ello en declaraciones y discursos públicos respecto a la creación de una ley de salud mental para nuestro país. Discursos en los que se dirime qué se entiende por salud mental, muchos de ellos con una difusa asignación de la denominación de salud mental cooptada por la noción totalizante de enfermedad mental. Éstos se vinculan a prácticas de protección al sujeto “falto de razón” que aún mantienen la relación con un modelo de sustitución de la persona a modo de velar por ella quien goce de su “sano juicio”. Lo cual mantiene sintonía con el aún prevaleciente modelo asilar de atención. La noción de incapacidad jurídica, categoría del ámbito jurídico que ha sido cooptada y naturalizada por otros saberes sean estos del orden cotidiano o el orden profesional y académico. Incapacidad jurídica por razones de enfermedad mental, hay quienes describen a esta denominación y práctica usual como “la muerte civil de la persona”. Encontramos en la perspectiva bioética, de análisis y comprensión del lugar de los sujetos en la toma de decisiones, un complejo conceptual que coloca reflexión crítica y aporta instrumentos concretos para la resolución de diversos dilemas que se desprenden de la lógica paternalista que subyace al dispositivo de declaración de incapacidad jurídica por motivos de “enfermedad mental”