En marzo del año 2005, cuando la actual Administración inició su gestión, estaba instalado un profundo malestar en el colectivo docente, existía una alta conflictividad estudiantil, se observaban diversos signos de insuficiencia en la calidad, equidad y pertinencia en materia educativa, y se evidenciaban importantes problemas de gestión. Para intentar solucionar estos problemas, los miembros de los órganos de dirección del ente acordaron desarrollar políticas y estrategias orientadas a: a) promover una conducción institucional democrática y respetuosa de los derechos humanos; b) mejorar la gestión académica y administrativa del ente; c) asegurar la pertinencia social de la educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades; d) impulsar una educación técnico profesional sinérgica con el nuevo proyecto productivo nacional y e) fortalecer y renovar la formación y el perfeccionamiento docente.