Cuando el Estado se hizo cargo del jus puniendi, la política penal comenzó a gravitar hacia la pena de prisión, caracterizándola como el núcleo principal de la maquinaria punitiva. Dada la importancia de este instituto, la sociedad depositó grandes expectativas en un modelo penal definido como en quiebra. Considerando los propósitos propuestos por la pena privativa de libertad en el sistema jurídico brasileño y uruguayo, de hecho las cárceles demostraron ser incapaces de legitimar las funciones retributivas y preventivas, tanto como de lograr la resocialización. La incapacidad relativa o absoluta -quién conoce las verdaderas definiciones- apuntaba a una gran crisis experimentada por el estado inconstitucional de las cárceles a las que están destinados los internos, que se resume en un verdadero ataque a la dignidad de la persona humana. A pesar del gran protagonismo inconstitucional y concursal, el Estado sigue persistiendo en métodos que no aportan ningún beneficio al condenado ni a la sociedad. Ante este panorama, el trabajo busca ampliar los horizontes de visibilidad de sanciones y métodos que ya existen em Brasil y Uruguay, pero que están limitados por la propia legislación, por lo que su amplitud traería mejores resultados. Es decir, em la búsqueda de nuevas formas de legitimar las penas para mantener el orden social, los métodos sustitutos de la pena privativa de libertad son mucho más capaces de lograr el desiderátum de la resocialización dependiendo del caso concreto.