A diferencia de los ajustes neoliberales de los años 80 y 90 en América Latina, la reciente ola de gobiernos de derecha y centro derecha en la región no llevó adelante un desmantelamiento del Estado. Sin embargo, cabe preguntarse por cuáles estrategias de cambio institucional se eligieron para implementar recortes presupuestales en algunas áreas. En Uruguay, el gobierno de Lacalle Pou ganó las elecciones con un discurso centrado en la transparencia y la eficiencia del Estado, tras quince años de gobiernos progresistas del Frente Amplio. Las telecomunicaciones aparecen como un sector clave para el desarrollo y la democratización de nuestras sociedades. La experiencia uruguaya indica que, a diferencia de lo que sucedió en otros países, el neoliberalismo de los años 90 fue de baja intensidad. Esto se debió, en parte, a una intensa movilización social que tuvo como hito un referéndum en contra de la privatización de empresas públicas, entre ellas la empresa estatal de telecomunicaciones Antel. A través de esta empresa, priorizada estratégicamente durante los gobiernos del Frente Amplio, el Estado uruguayo tiene un peso relativo mayor sobre el sistema mediático nacional. En este escenario, nos preguntamos por el rumbo de las políticas de telecomunicaciones en Uruguay durante el mandato de Lacalle Pou, específicamente a través de Antel. Nuestra hipótesis sostiene que, a diferencia de los intentos de ajuste del pasado, los actuales gobiernos de derecha prefieren otras estrategias para priorizar en sus acciones la cooperación con actores privados, bajo un discurso ideológico de que la balanza está demasiado inclinada en favor del sector público. La estrategia metodológica se desarrolla en tres ejes. En primer lugar se identifican cuáles son los principales legados de política pública en esta arena. Luego se realiza un análisis de actores a través de entrevistas semiestructuradas. Por último, a partir de la sistematización de las actuales políticas de Antel, se busca construir indicadores que permitan conocer tanto la calidad de los servicios como la participación de la empresa pública en el mercado en relación a sus competidoras.