A pesar de las mejoras en la inclusión social, los avances en políticas de reconocimiento y en el desarrollo humano en América Latina desde el inicio del siglo XXI, muchas de las democracias de la región han experimentado crisis de legitimidad. Esto se manifiesta en diferentes formas de protesta, a menudo masivas e inorgánicas, y en el éxito electoral de outsiders que movilizan al electorado sobre la base del descontento contra las elites políticas establecidas. Las democracias pueden entenderse como formas de administrar conflictos, y, como tales, requieren el consentimiento permanente de la ciudadanía y de los actores sociales. En la actualidad, las sociedades son más heterogéneas y fragmentadas. En estos contextos, los agentes políticos (partidos y otras organizaciones tradicionales de alcance nacional) enfrentan serios desafíos para incorporar la diversidad de intereses y demandas sociales, y, por lo tanto, para armonizar los intereses de diferentes sectores. Este documento argumenta que las democracias resilientes deben desarrollar de manera continua la capacidad de incorporar a todos los sectores relevantes de la sociedad a la política. Los partidos políticos y sus vínculos con actores sociales organizados desempeñan un rol clave en este proceso. El documento sostiene que solo la incorporación política puede reproducir la legitimidad necesaria para fortalecer la resiliencia del orden democrático. El texto desarrolla un concepto de incorporación política y propone un índice para medirlo. Además, postula que tal incorporación representa la capacidad de los sistemas políticos para canalizar constantemente las demandas y los intereses de diversos sectores —en particular marginados o excluidos— que representan intereses y demandas en torno a conflictos salientes de la sociedad. En este sentido, cuando las demandas de los sectores populares alcanzan cierto nivel de activación política y se vuelven significativas, el desafío para las democracias es contar con agentes que las representen en el proceso político a lo largo del tiempo. El desempeño de los países de América Latina en el índice de incorporación política muestra, en general, bajos niveles en la región. Esto responde tanto a un nivel bajo de organización de los sectores sociales vinculados a conflictos relevantes, como de conexión de los agentes políticos (partidos o líderes políticos) con estas organizaciones. Salvo excepciones, como Nicaragua y Venezuela, los problemas de incorporación política en la región no parecen estar relacionados con las garantías para el ejercicio del derecho de asociación (tanto para formar partidos como organizaciones para participar en elecciones) y del proceso político en general. En un contexto de incorporación política relativamente baja, existe una variación significativa entre los países de la región. Uruguay y Brasil destacan sobre el resto, con los puntajes más altos en el índice. Bolivia y Argentina se ubican en tercer y cuarto lugar, ligeramente por encima de un grupo de países con resultados más modestos (México, Chile, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y República Dominicana). Finalmente, el documento ilustra el argumento teórico mediante el análisis en profundidad de dos casos que muestran valores muy diferentes en el índice: Uruguay, como caso de incorporación política, y Chile, como un tipo disminuido de incorporación.