Desde 2014, Uruguay vive un boom de inmigrantes extrarregionales. Por primera vez las residencias entregadas a venezolanos superan a los argentinos y brasileños, mientras que las solicitudes de refugio de cubanos se multiplicaron en más de mil por ciento en el último lustro. Esta investigación periodística cuenta la peripecia que viven algunas familias cubanas desde las ilegalidades que hacen para reunir los dólares que llevan en su aventura migratoria. A través de entrevistas, observación participante, solicitudes de acceso a la información pública, revisión de documentos y expedientes judiciales, demuestra que el aumento de la inmigración y la falta de soluciones habitacionales para los recién llegados reveló irregularidades e ilegalidades en las pensiones de Montevideo. Esto genera una violación sistemática a los derechos humanos, que van desde hacinamiento, cucarachas y roedores en los cuartos, cobros abusivos, discriminación y falta de la intimidad, entre otros. El Ministerio de Vivienda reconoce que no cumple con su rol. No tiene un sistema inspectivo , mientras que la Intendencia de Montevideo, la otra responsable de la fiscalización, considera que deberían trabajar en conjunto con la secretaría de Estado, aunque señala que antes hay otros problemas que tienen más peso a la hora de la coordinación. Entre esa oferta de soluciones habitacionales, se esconde una pieza clave en una red de tráfico de personas: El Repique. Está pensión, ubicada en el Centro de Montevideo y una de las 26 que están en irregularidad, está en la mira de las autoridades judiciales y policiales. En 2018, muchos de los inmigrantes cubanos fueron víctimas de esta red, de acuerdo con los cálculos propios realizados a partir del cruzamiento de datos obtenidos de la Fiscalía y Migraciones.