La siguiente tesis presenta un estudio con dos propósitos, por un lado, conocer las percepciones de los docentes de aula de la DGETP-UTU sobre los efectos de la movilidad geográfica en sus prácticas profesionales y, por otro, analizar la normativa, funcionamiento y organización del sistema de traslados y transporte en el organismo. Para ello se define la “movilidad geográfica docente” como el desplazamiento o traslado del docente entre su domicilio particular y el centro educativo donde desarrolla sus tareas profesionales durante el año lectivo. El diseño metodológico fue de tipo mixto, secuencial con predominancia cualitativa, con aportes del abordaje cuantitativo y de alcance exploratorio. En la primera fase se realizó un análisis cuantitativo descriptivo basado en los Censos Nacionales Docentes del año 2007 y 2018. En la segunda fase cualitativa las fuentes de datos primarias fueron 18 entrevistas semiestructuradas realizadas a docentes de aula de la DGETP-UTU de instituciones de Canelones, Florida y San José. Además, se utilizó el análisis documental de 19 documentos de la legislación nacional y resoluciones de la ANEP sobre la política y financiamiento del traslado docente. En los hallazgos, descubrimos que la política de “abono docente” en la ANEP data de 1971 e implica un presupuesto creciente para el organismo. Entre los años 2008 y 2019, los fondos presupuestales destinados al traslado de los docentes de la DGETP-UTU aumentaron más de la mitad. El análisis comparado de diferentes fuentes secundarias permitió identificar que 12 departamentos son emisores de docentes que se trasladan a otros departamentos, en tanto que siete departamentos son receptores. Respecto a las percepciones docentes, las evidencias muestran que la “movilidad geográfica docente” tiene una incidencia negativa en las actividades de planificación, coordinación e inserción en la comunidad educativa. Para ellos, algunas de las estrategias identificadas como factores de mitigación de la afectación serían; la asignación de trabajo basada en cargos docentes por un plazo mayor al de un año (3 años) y establecer criterios de “regionalización” en el sistema de ordenamiento y elección de horas.