En Montevideo se ha constatado una profunda segregación residencial que genera una lógica de aislamiento de las distintas clases sociales. La segregación y exclusión urbana permiten, e incluso estimulan, el surgimiento de conflictos y violencias en el escenario urbano, producto de la confluencia -más o menos esporádica- en un mismo espacio de personas y grupos de diferente extracción social. Estos encuentros, ciertamente cargados de expectativas hostiles, tienen una alta probabilidad de volverse conflictivos, con lo cual se alimenta luego los relatos que forman parte del denso imaginario social de miedo e inseguridad. En este contexto se plantea la cuestión de las diferentes estrategias de protección desarrolladas por las clases sociales. Las mismas parecen tender a intensificar la desigualdad de recursos de que disponen los individuos, mientras unos invierten en tecnologías y servicios otros deben destinar tiempo al cuidado de personas a cargo y bienes. Así la provisión de seguridad aparece como una nueva fuente de desigualdad y de vulneración de derechos. Más allá de variar notablemente, dichas estrategias parecen concentrarse en demandas de represión del delito a nivel público, y en inversiones de seguridad a nivel privado.