La intelectualidad brasileña, con escasas excepciones, se negó sistemáticamente a reconocer que en el país existía un problema de discriminación contra negros e indios. Predominó en cambio la convicción de que, a diferencia de los Estados Unidos de América, Brasil había integrado armoniosamente las diferentes razas que componen el grueso de su población: portugueses, negros e indios. El Estado brasileño reconoció por primera vez públicamente recién en 1995, bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que el país sufría un grave problema de racismo. A partir de ese sinceramiento, apoyado por una abundante cantidad de datos empíricos que demuestran inequívocamente el problema, Brasil se ha embarcado decididamente en el camino de las políticas afirmativas. Este artículo analizará esa radical transformación que va desde la concepción del país como una democracia racial, hacia el Estatuto de la igualdad racial. Esta última es una ley ya aprobada por unanimidad en el senado –falta todavía la aprobación en diputados–, que radicalmente cuestiona la concepción histórica anterior y oficialmente define las políticas afirmativas para combatir el racismo