En las últimas décadas, en América Latina y el Caribe, se desarrollan reformas en la atención a la salud mental; incluyéndose la perspectiva de derechos en el campo de la salud mental. Nuestro país, no cuenta con una Ley de Salud Mental, adecuada a los estándares internacionales de derechos, establecidos por normativas internacionales que han sido ratificadas. Si bien, desde la reapertura democrática - hasta hoy día - han existido iniciativas al respecto, las mismas no han prosperado. El actual contexto de vulneraciones producidas a personas internadas, con el acaecimiento de fallecimientos en las Colonias de Alienados B. Etchepare y Santín C. Rossi, ha puesto de manifiesto - nuevamente - la necesidad de avanzar en una Ley de Salud Mental, estableciéndose la voluntad política para su tratamiento parlamentario. En el presente trabajo, se analiza la actual Ley Nº 9.581 de 1936, - aún vigente en nuestro país - su contexto y limitaciones y se establecen las condiciones para la fundamentación de una Ley de Salud Mental que incluya la creación de una Comisión Supervisora de los DDHH