La crisis estructural que evidenciaba el sistema de previsión social en Uruguay en los años 60, en términos financieros y de gestión, llevó a una secuencia de diagnósticos y propuestas transformadores que involucraron a numerosos actores políticos, técnicos y sociales. La creación de un organismo unificador de una parte de las prestaciones sociales, en particular las de jubilación, fue el resultado de una percepción generalizada de que esa era la vía para la resolución de las diversas dimensiones del problema. Sin embargo, la creación del BPS en el marco de la reforma constitucional de 1966, no fue el resultado de un debate entre los múltiples autores. Muchos asuntos relativos a las características del órgano quedaron pospuestos: ¿cuáles serían los servicios que abarcaría?, ¿qué pasaría con las Cajas paraestatales?; ¿qué ocurriría con los riesgos de corto plazo, es decir, Asignaciones Familiares, seguros de maternidad, enfermedad y desempleo? Si bien los legisladores que propiciaron la creación del BPS dejaban abierta la incorporación del conjunto de riesgos a esta institución, su concreción iba a depender de nuevos acuerdos políticos que no aparecían como evidentes.