El déficit de empleos de buena calidad es un problema estructural de las sociedades actuales. En nuestro país se manifiesta de diversas formas: alto desempleo, alto porcentaje de trabajadores no registrados en la seguridad social, brecha de los derechos y diálogo social, condiciones de trabajo e ingresos inseguros, entre otras. En este contexto, las políticas desplegadas en Uruguay en las últimas décadas tendientes a mejorar la calidad del empleo han mostrado ser efectivas pero insuficientes. Así, el objetivo de este proyecto es realizar un análisis normativo y de costos económicos de dos herramientas para enfrentar la vulnerabilidad social y la precariedad laboral estructurales: el Empleo Garantizado por el Estado y la Renta Básica Universal. A tal fin, se analizó la relación de cada una de las estrategias con un conjunto de ideales morales y políticos inherentes a una sociedad democrática como son las nociones de reciprocidad, no dominación y autorrealización; se realizó un estudio empírico de los costos de implementación de cada uno de los programas y sus posibles fuentes de financiación, y se implementó un mecanismo de consulta para recabar insumos que permitieran tasar la legitimidad social de estas estrategias. Los resultados indican que una combinación de una renta básica por hijo y un programa de empleo protegido de amplia escala no solo tendría legitimidad social y sería fiscalmente alcanzable, sino justificable en términos normativos.

The deficit of good quality jobs is a structural problem of today’s societies. In our country it manifests itself in various ways: high unemployment, high percentage of workers not registered with social security, gap in rights and social dialogue, insecure working conditions and income, among others. In this context, the policies implemented in Uruguay in recent decades aimed at improving the quality of employment have proven to be effective but insufficient. Thus, the objective of this project is to carry out a normative and economic cost analysis of two policies to confront social vulnerability and structural job insecurity: State Job Guaranteed and Universal Basic Income. To this end, the relationship of each of the strategies with a set of moral and political ideals inherent to a democratic society was analyzed, such as the notions of reciprocity, non-domination and self-realization. An empirical study of the implementation costs of each of the programs and their possible sources of financing was carried out, and a consultation mechanism was implemented to collect inputs that would allow the social legitimacy of these strategies to be assessed. The results indicate that a combination of a basic income per child and a large-scale job guaranteed program would not only have social legitimacy and be fiscally achievable, but justifiable in normative terms.