La democracia supone el reconocimiento de todo sujeto como agente dotado de razón y por consiguiente de dignidad. A partir de esto se establece una base universalista fundada en el respeto y el reconocimiento mutuo. Incluso ante personas que tienen sus propias culturas y sus propias concepciones colectivas o comunitarias, lo cual colabora en forjar procesos de identidad y derechos. En este sentido, el Poder Judicial y el aparato de seguridad se ven confrontados a cambiar frente al reconocimiento de la diferenciación social y los derechos vulnerados de diferentes grupos, clases y sectores sociales. Asimismo, están en el centro de un debate relativo al pasado reciente que tensiona la relación entre violencia, política, juventud e impunidad. En términos de su actuación cotidiana, las garantías a brindar en los procesos de justicia, de seguridad y de respeto a los Derechos en los procedimientos penales y represivos aún muestran procesos de inoperancia a veces y corrupción otras, con diferencias entre países de América Latina. El impulso de nuevas leyes se concreta con dificultad, así como los de una policía comunitaria y respetuosa de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Los más afectados son los sectores pobres y marginales, una parte importante de las mujeres y de los jóvenes y las minorías sexuales y raciales. Si bien el Estado de Derechos uruguayo reconoce esta situación, transformar la realidad de estas instituciones es altamente complejo. En esta ponencia, se desarrolla el caso específico del campo jurídico y policial en Uruguay para el caso de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley.