El presente trabajo se enfocó en dos actuaciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP), mostrando los retos y dificultades para dar cumplimiento a la promesa de verdad y justicia ofrecida en el Acuerdo de Paz celebrado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, habida cuenta que imparte una justicia esencialmente restaurativa, con características muy singulares como son el tratamiento dignificante dado a las víctimas, su participación y reconocimiento, y las sanciones propias para los comparecientes que ofrezcan verdad plena y reconozcan su responsabilidad. Para dar un necesario marco se evidencian las dificultades que ha tenido desde sus inicios el proceso de paz para aprobar e implementar el Sistema Integral de Paz (SIP), cuyo eje articulador es la verdad y se recogen opiniones de actores de diversas áreas como la política, el derecho, la academia, o el periodismo. El SIP es la fórmula de justicia transicional aprobada en el Acuerdo, centrada en las víctimas, que combina mecanismos judiciales, la JEP, y extrajudiciales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), algunos de cuyos objetivos fueron satisfacer los derechos de las víctimas, la rendición de cuentas y el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron en el conflicto, la seguridad jurídica de estos, la no repetición de los hechos victimizantes, y la reconciliación del país, buscando transitar hacia un estado de paz. Las víctimas consultadas valoran los avances del sistema y frente al perdón, que no ha sido un elemento condicionante para que sean escuchadas en el SIP, y que es visto por Hanna Arendt como una de las facultades humanas que puede permitir un ‘nuevo comienzo’, tienen distintas formas de asumirlo y se han caracterizado, muchas de ellas por su capacidad de resistencia y liderazgo. En todo caso prima su deseo de reconciliación.