Uruguay transitó un giro punitivo a partir de2010, con amplio consenso interpartidario. Esta investigación mapea antecedentes e hitos de este ascenso y cómo penetraron las racionalidades hegemónicas del campo penal en el diseño y ejecución de tres políticas de acción conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio del Interior (MI), del campo asistencial: 1) Plan Siete Zonas, 2) Puerta de Entrada Ley de Faltas, y 3) Programa de la Gestión Integral Local de la Seguridad Ciudadana. Finalmente, explora discursos emergentes en clave de resistencia a la ola punitiva desde el campo popular: se toma al primer colectivo organizado de personas en situación de calle en Uruguay, Ni Todo Está Perdido(NITEP). El diseño metodológico de la investigación es de corte analítico, sobre los fundamentos y las diferentes concepciones político-filosóficas en la dimensión del diseño, que justificaron la creación de dispositivos conjuntos dirigidos a la pobreza extrema en el período2010-2019. La estrategia metodológica utilizada fue de corte cualitativo e incluyó la recolección de material empírico de fuentes primarias y secundarias, sobre el que se elaboró una estrategia de trabajo basada en el análisis crítico del discurso. El trabajo concluye que el control social dirigido al precariado en el país se ha metamorfoseado profundamente. Por una parte, existe una creciente racionalidad punitiva en la asistencia de la extrema pobreza, que se expresa en concepciones responsabilizadoras de la vulnerabilidad de las personas y hogares, en sofisticados y robustos niveles de identificación, seguimiento y monitoreo poblacional, en la refocalización, que deviene en una focalización territorial punitiva,y en prestaciones ínfimas ancladas en lógicas de incentivos y castigos a comportamientos en clave de prevención del delito. Por último, se concluye que el estrechamiento del vínculo entre el MI y el MIDES ha llevado aque el MI se instale como un actor prioritario en la arena de las políticas asistenciales. Con relación al colectivo NITEP, sus discursos impugnan la creciente racionalidad punitiva en la gestión asistencial de la desigualdad, la criminalización de la pobreza y el tratamiento cada vez más policial de sus efectos, a la vez que afirman la existencia de otras posibilidades para la subjetivación que la de la crueldad neoliberal.

Uruguay went through a punitive turn starting in 2010, with a broad inter-party consensus. This research maps the background and milestones of this rise and how the hegemonic rationalities of the penal field penetrated the design and execution of three joint action policies between Ministry of Social Development (MIDES) and Ministry of Internal Affairs (MI) in the care field: 1) Seven Zones Plan, 2) Entry Gate Law of Misdemeanors, and 3) Program for Local Comprehensive Management of Citizen Security. Finally, it explores emerging discourses in terms of resistance from the popular camp to the punitive wave: we take the first organized collective of homeless people in Uruguay, Ni Todo Está Perdido (NITEP). The methodological design of the research is analytical, on the foundations and the different political-philosophical conceptions at the design dimension, which justified the creation of joint devices aimed at extreme poverty in the period. The methodological strategy used was qualitative and included the collection of empirical material from primary and secondary sources on which a work strategy based on critical discourse analysis was developed. The work concludes that the social control directed at the precariat in the country has been profoundly metamorphosed. On the one hand, there is a growing punitive rationality in the assistance of extreme poverty that is expressed in responsible conceptions of the vulnerability of individuals and households, in sophisticated and robust levels of identification, follow-up and population monitoring, in the refocusing that becomes in a punitive territorial targeting and in minimal benefits anchored in logics of incentives and punishments for behaviors in the key of crime prevention. Lastly, we conclude that the narrowing between the MI and MIDES means that the MI has established itself as a priority actor in the arena of social care. In relation to the NITEP collective, their speeches challenge the growing punitive rationality in the care management of inequality, the criminalization of poverty and the increasingly police treatment of its effects while affirming the existence of other possibilities than subjectivation in neoliberal cruelty.