Este trabajo analiza la participación de la Sociedad Civil (SC) uruguaya en el diseño de las políticas públicas de infancia durante el período 2010-2019. La investigación posee un alcance exploratorio y descriptivo; utiliza una metodología cualitativa, llevando a cabo un análisis de casos de dos ámbitos de participación de la SC en las políticas de infancia a nivel nacional: el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) y el Comité Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). El universo de estudio está compuesto por las organizaciones que forman parte de estos comités y las personas que las representan, quienes son indagadas a través de entrevistas semi-estructuradas, y fuentes de datos documentales. Son entrevistados también los actores del Estado y los organismos internacionales vinculados a las políticas de infancia que integran los ámbitos de participación seleccionados. De acuerdo a los principales resultados obtenidos, esposible visualizar dos caras de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el diseño de las políticas públicas para la infancia. Una cara expone las potencialidades identificadas por los distintos actores involucrados, donde se destacan el acceso de las organizaciones a información necesaria para el trabajo diario, la posibilidad de formación de sus equipos técnicos en temáticas de interés y la difusión de determinadas acciones. Además, desde el Estado se reconoce la capacidad de las OSC para llevar a cabo campañas de sensibilización, desarrollar prácticas innovadoras, tensionar la agenda pública y ejercer control social. Por un lado, las debilidades de la participación devienen del carácter consultivo de la misma. Esto se debe a que los decisores de políticas públicas del Estado entrevistados le otorgan a la participación de las OSC un carácter no vinculante, manteniendo la responsabilidad de las decisiones en manos de las competencias de autoridad establecidas por los marcos normativos legales de los organismos públicos. Las OSC consultadas plantean al respecto que, si bien su opinión es tomada en consideración, no es incorporada en forma vinculante al momento de la toma de decisiones de orientación y diseño de políticas públicas. Por otro lado, la debilidad de la participación está ligada a que las OSC dedican gran parte de su labor a la implementación de las políticas, siendo aún incipiente su injerencia en el diseño, monitoreo y evaluación de las mismas. Esto está vinculado a una serie de factores que obstaculizanla participación, entre los quese destacan: la atomización de espacios de diálogo entre el Estado y la SC, la falta de tiempo y financiamiento para participar, y el carácter consultivo de las instancias de intercambio con los actores del Estado. Esto último, actúa como un desincentivo a la participación y conducejunto a los restantes factores, a la despolitización de la actividad de las organizaciones y el consiguiente debilitamiento de las mismas como actor político.