La violencia institucional y todas sus representaciones sociales están en el cotidiano de los adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida privativa de libertad de carácter punitivo, aunque en documentos institucionales se postule una postura opuesta. Es a través de los informes de organismos competentes como la INDDHH, MNP, ONU, CAT que se manifiestan a través de las entrevistas con los sujetos, donde se explicitan las situaciones de violencia que ocurren en los centros. Dentro de INISA los llamados centros de “máxima contención” se caracterizan por el encierro, el castigo y la falta de garantías para los adolescentes que cumplen su medida allí. Si bien las condiciones de estos centros han sido señaladas por los organismos de protección de los derechos humanos en reiteradas oportunidades, aún continúan funcionando con la misma lógica. Desde lo penal y legislativo, se han realizado considerables reformas desde el año 2011 generando continuos vaivenes en la regulación del Sistema Penal Juvenil Uruguayo. Desde hace décadas el área temática de la adolescencia en conflicto con la ley se encuentra en la agenda pública, los partidos tradicionales se continúan apoyando en los vestigios de los fundamentos del plebiscito de reforma constitucional del año 2014.