Este artículo analiza como la informalidad responde a la calidad del enforcement aplicado por el gobierno y la calidad de los beneficios que los trabajadores formales reciben en los distintos países de América Latina. Son comparados países con diferentes niveles de informalidad, resaltando particularmente aquellas características que pueden explicar esta heterogeneidad. Se desarrolla un modelo de equilibrio general, donde el gobierno elige el nivel de enforcement y los beneficios que los trabajadores formales recibirán maximizando la utilidad de los trabajadores sujeto a su restricción presupuestal. Las empresas eligen la proporción de trabajadores formales e informales a contratar y los hogares que proporción de horas trabajaran en la formalidad e informalidad. Se estiman los principales parámetros del modelo, de la función de producción, y de la función de calidad del enforcement y los beneficios para cinco países: Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Las diferencias en las funciones de calidad del enforcement del gobierno y de los beneficios explican en gran parte la heterogeneidad encontrada. Así como las multas que se aplican a las empresas que incumplen las normativas.