La presente investigación analiza las tensiones entre liderazgo personalista, legitimidad territorial y judicialización en el Uruguay subnacional contemporáneo, tomando como estudio de caso la trayectoria política y el proceso judicial de Guillermo Besozzi en el departamento de Soriano. El trabajo parte de la premisa de que ciertas dinámicas políticas locales no pueden comprenderse únicamente desde criterios formales de legalidad administrativa, sino también desde formas de representación y construcción de legitimidad arraigadas territorialmente. A partir de ello, se examina la persistencia de liderazgos personalizados en contextos institucionales democráticos y descentralizados. La investigación aborda las características institucionales del sistema político subnacional uruguayo, atendiendo fenómenos como el hiperpresidencialismo departamental, el efecto incumbente y la centralización del poder en la figura del intendente. Asimismo, analiza el fenómeno del personalismo y propone la noción de un personalismo “neocaudillista”, sustentado en vínculos de proximidad, capacidad de intermediación y legitimidad construida desde la cercanía territorial. En este marco, se estudia la trayectoria de Besozzi como expresión de una modalidad de liderazgo que articula identidad partidaria, representación personalizada y capacidad de adaptación frente a escenarios de crisis política y cuestionamientos institucionales. El trabajo examina además el proceso de judicialización iniciado en 2025, las actuaciones de la Fiscalía y las disputas interpretativas surgidas en torno a la formalización y las medidas cautelares impuestas al dirigente. Desde un enfoque cualitativo e interpretativo, basado en análisis bibliográfico, revisión normativa, documentos judiciales y declaraciones públicas, se estudia la construcción discursiva de la denuncia de persecución política y la eventual reapropiación de categorías asociadas al lawfare. Entre las principales conclusiones, la investigación sostiene que determinados liderazgos territoriales pueden resistir e incluso fortalecerse frente a procesos de judicialización cuando los mecanismos institucionales de control pierden legitimidad pública o son percibidos como políticamente controvertidos.