Uruguay comenzó su transición demográfica a principios del siglo veinte y tiene una población envejecida si se lo compara con los países de la región. A su vez, es un país con una larga tradición de gasto público en programas sociales, en particular con un sistema de jubilaciones y pensiones de gran cobertura. Esto plantea la preocupación por el enlentecimiento del crecimiento y por la sustentabilidad de los sistemas de protección a la tercera edad. Este trabajo se plantea identificar la existencia de un bono demográfico para Uruguay durante la segunda mitad del siglo veinte y analizar el efecto de los cambios demográficos esperados en un horizonte de cincuenta años sobre el bono demográfico y las cuentas públicas. La metodología utilizada se basa en Mason y Lee (2006, 2007) que plantean la dependencia económica no solo considerando la edad de los individuos sino también aspectos relacionados con su inserción en el mercado de trabajo y con su propensión a consumir. Se utilizan diferentes proyecciones de población y las estimaciones del Proyecto de Cuentas Nacionales de Transferencias (National Transfer Accounts) para Uruguay. Los resultados indican que el país disfruta de un bono demográfico positivo, pero alrededor del año 2025 pasará a ser negativo. Los valores del bono no son de gran magnitud, en especial en la comparación internacional. En este sentido, no se esperan grandes impactos económicos y fiscales a partir de los cambios demográficos planteados