No resulta desconocida la multiplicidad de demandas por seguridad que formulan diversos actores sociales y políticos, desde la época –ya lejana- en que el Uruguay dejó de ser la “sociedad amortiguadora” y un “paraíso de los locos” con un Estado posible de ser pensado como el “escudo de los débiles”. Un indicador de lo novedoso de los tiempos actuales, se sitúa en que gremios y sindicatos tradicionalmente reacios a sumarse a campañas de “ley y orden” hoy formulen estas demandas dentro de sus reivindicaciones. La suma de delitos y “conflictos de baja intensidad” con su multiplicación mediática, promueve un generalizado malestar e implica un desafío a la elaboración de políticas en el área de la seguridad que ve permanentemente ampliado su campo de intervención. En este marco, donde el diseño tradicional de las instituciones normalizadotas y las de reforma, parecen dar muestras de un definitivo agotamiento, se insinúa una creciente erosión en la legitimidad del Estado para hacerse cargo de los problemas. De allí que sea posible señalar que la lógica de vigilar y castigar, presente signos de una mutación hacia un objetivo más modesto de tranquilizar y proteger a una sociedad confundida e inquieta.