En Uruguay existe un consenso político y social, donde se considera a las cárceles un problema desde hace varias décadas. Altos niveles de violencia y un sostenido aumento de la población privada de libertad, lleva a que las políticas penitenciarias sean insuficientes e ineficaces para el tratamiento del delito y por sobre todo, no garantizan ni respetan los derechos humanos. Los problemas de salud se diversifican en varias áreas, desde la atención en salud y la calidad de la misma, así como la accesibilidad a los servicios, la oportunidad de captación y generar seguimiento a los pacientes, la participación de los usuarios en los procesos, en la planificación de Prevención y Educación para la Salud, en las contra referencias de segundo y tercer nivel. Desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), por la Ley N° 18.211 recoge, como uno de sus principios fundamentales, la necesidad de implementar un cambio en el modelo de atención a la salud, con una orientación que privilegie la promoción de salud y la prevención de enfermedad, una estrategia de APS con énfasis en el desarrollo del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema. El Sistema Sanitario Penitenciario no es ajeno a las líneas estratégicas del SNIS, sin embargo, las cualidades de la Estrategia de la Atención Primaria en Salud para la Atención de las Personas Privadas de Libertad continúan siendo un verdadero desafío en la práctica diaria. El presente trabajo monográfico es un programa de salud y propone tomar el diagnóstico de situación de salud del año 2015, realizado en nuestro país, y diseñar una Estrategia de Organización de los Servicios de salud en función de las necesidades y problemas de salud más prevalentes, de los 28 centros penitenciarios y el sistema de referencia-contrarreferencia en el Uruguay en el período 2022-2025.