Hace tres años, en ocasión de la implementación de la Reforma Social (CNPS, 2011) y de la Estrategia por la Vida y la Convivencia (Presidencia de la República, 2012), reflexionábamos sobre los significados e implicaciones de lo que llamamos la “etnologización” de la pobreza en las políticas públicas en el Uruguay, desde el primer período de gobierno del Frente Amplio (2005), a saber, la tendencia a concebir a los grupos sociales más afectados por la desigualdad social como portadores de una alteridad radical, como pertenecientes a una “cultura diferente”. Ambos documentos, que marcaron la orientación de las políticas públicas asistenciales y punitivas uruguayas para el período 2010 - 2015, referían a la presencia de una “subcultura de la p obreza” (según el caso, una cultura a respetar o tolerar, o una “cultura de la criminalidad”, una cultura - problema) ante la cual el Estado habría de ofrecer respuestas. En 2016, durante el tercer gobierno de la coalición de izquierda, la interpretación de acontecimientos como los ocurridos en el barrio Marconi, en términos de una “cultura de la ilegalidad”, como la continuidad de políticas asistenciales que, a pesar de la generosidad de los principios que las inspiran, se amparan en discursos y prácticas individualizantes, inducen a revisitar el tema y actualizar su campo problemático. Interesa entender cómo este expediente, que confunde diferencia con desigualdad, oculta relaciones de violencia estructural y debilita perspectivas sistémicas de protección social, mientras la síntesis de las políticas punitivas y asistenciales se resuelve en favor de las primeras