En la primera mitad del siglo XX se buscó infructuosamente instrumentar en Uruguay un seguro de desempleo general que cubriera a los trabajadores de la actividad privada que perdían su empleo e incluyera bolsas de trabajo. El único caso en que se logró superar la oposición patronal a las bolsas de trabajo e instrumentar un régimen de este tipo fue para atender el desempleo estacional en los sectores de frigoríficos y de barracas de lana y cuero, que funcionaron entre 1944 y 1979. Se trataba de sectores claves para el país por su posición como generadores de divisas, en el marco de una apuesta estatal por generar un cambio económico estructural a través de un proceso de industrialización (ISI). Si bien estos institutos brindaron amparo y estabilidad laboral a un importante conjunto de trabajadores zafrales, el diseño del instrumento repitió un defecto recurrente en todo el andamiaje del sistema de seguridad social uruguayo: fallas estructurales en sus fuentes de financiamiento. De esta manera, a pocos años de su instalación, comenzaron a registrarse déficits financieros recurrentes, requiriéndose entonces la asistencia del Gobierno Central y transformado así un derecho legítimo de los trabajadores en una carga económica para toda la sociedad.