A lo largo de las últimas décadas, el gobierno Colombiano ha promovido una política pública de emprendimiento como mecanismo de mitigación del desempleo y sus consecuencias, las cuales afectan, mayoritariamente, a la población joven No obstante, esa política se ha enfocado en generar oportunidades de ingresos, y solo marginalmente, a generar empleos dignos. Esta política se ha dado en un contexto marcado por múltiples transformaciones, que podrían clasificarse en tres niveles: estructurales, como el auge de la flexibilización laboral, transnacionalización de la producción/concentración de la riqueza, crisis del sector educativo, pérdida de autonomía de los estados a manos de las instituciones financieras; transformaciones institucionales, como la ineficacia de las normas laborales y los mecanismos de vigilancia y control, los cierres, fusiones y reestructuraciones de empresas, la privatización de activos públicos, el aumento de control ejercido por las compañías privadas sobre las funciones estatales; y finalmente, transformaciones en la subjetividad de los trabajadores, quienes afectados por la inestabilidad laboral y agobiados por la incertidumbre, emprenden trayectorias líquidas (Bauman, 2007), las cuales generan la imposibilidad de proyectar la vida a largo plazo (Sennett, 2006)