Existen diversas confluencias que habilitan a pensar en la posibilidad de implementar un nuevo modelo de educación en cárceles en Uruguay. Nos referimos a elementos legales, institucionales y a prácticas que se expresan en la vida cotidiana de las Unidades de Internación para personas privadas de libertad (UIPPL) y en diferentes acciones institucionales, normativas y legales que se han generado para impulsar estas tendencias. Este trabajo se basa en el estudio de los elementos volcados en las instancias de diálogo generadas entre diferentes actores que desarrollan en Uruguay tareas vinculadas a la educación de personas privadas de libertad (PPL) o de personas con medidas alternativas a la privación de libertad.18 El desarrollo de las tres instancias de diálogo se organizó a través de dos grupos de intercambio – adultos y adolescentes- como forma de asegurar el enfoque específico19. Analizamos diversas dimensiones que inciden en la construcción de este proceso y postulamos a grande rasgos que la relación entre violencia social, educación e instituciones del Estado en Uruguay ha mostrado que las medidas económicas por sí solas no bastan para cambiar la situación si no se ingresa en acciones que se planteen revertir la reproducción institucional de prácticas de violencia en determinadas esferas (Viscardi, 2011). Son fundamentales, en este sentido, políticas de subjetividad que, típicamente, pueden canalizarse mediante acciones educativas en los más diversos ámbitos (sistema educativo, privación de libertad, control social y justicia). Establecemos que pensar las políticas institucionales en los ámbitos referidos supone pensar los vínculos con la comunidad, al interior de los centros de privación de libertad y las experiencias educativas como parte central de los elementos que colaboran en disminuir la desafiliación social. Son, por ello, piezas claves de las políticas de subjetividad. Así, debe trabajarse el vínculo entre representaciones colectivas, medios de comunicación e inseguridades, para impulsar un modelo de orientado a la protección superando la violencia instituida como límite para la educabilidad y la integración. Asimismo, para concluir el trabajo, proponemos una reflexión respecto de la relación entre interinstitucionalidad, educación y nuevas políticas de inclusión, en el entendido que el debate sobre educación para personas privadas de libertad se incluye en esta línea de discusión y construcción.