La obligatoriedad del ciclo medio secundario desde una perspectiva normativa. Uruguay 1966 - 2016
Supervisor(es): Clavero, Carolina
Resumen:
En Uruguay el impulso legal que consagró la extensión de la obligatoriedad de la Enseñanza Media se dispuso en el Artículo 70 de la Constitución de 1967, aunque, no se ha traducido en logro para toda la ciudadanía. Como es característico en el país existen diversas normas que refieren a la temática, además de la prescripción de la Carta Magna. En esta tesis se investigó la capacidad de concreción de la obligatoriedad del ciclo medio a través de las disposiciones normativas del Consejo de Educación Secundaria. A tal efecto se analizaron las disposiciones comunicadas por Circulares, entre los años 1966 y 2016, identificando las políticas de procedimiento adoptadas por las autoridades que son en definitiva y en su área de competencia, quienes tienen la capacidad de garantizar los derechos. El trabajo se orientó en base al criterio de que las disposiciones normativas influyen positiva o negativamente, según alberguen mecanismos que favorecen u obstaculizan el ingreso, permanencia y egreso del estudiantado.
2018 | |
Educación media Enseñanza secundaria norma |
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Español | |
ANEP. Consejo de Formación en Educación | |
RIdAA-CFE | |
http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1045 | |
Acceso abierto | |
cc by-nd 4.0 |
Sumario: | En Uruguay el impulso legal que consagró la extensión de la obligatoriedad de la Enseñanza Media se dispuso en el Artículo 70 de la Constitución de 1967, aunque, no se ha traducido en logro para toda la ciudadanía. Como es característico en el país existen diversas normas que refieren a la temática, además de la prescripción de la Carta Magna. En esta tesis se investigó la capacidad de concreción de la obligatoriedad del ciclo medio a través de las disposiciones normativas del Consejo de Educación Secundaria. A tal efecto se analizaron las disposiciones comunicadas por Circulares, entre los años 1966 y 2016, identificando las políticas de procedimiento adoptadas por las autoridades que son en definitiva y en su área de competencia, quienes tienen la capacidad de garantizar los derechos. El trabajo se orientó en base al criterio de que las disposiciones normativas influyen positiva o negativamente, según alberguen mecanismos que favorecen u obstaculizan el ingreso, permanencia y egreso del estudiantado. |
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